Amaya Alvez, Gonzalo Cortez y Sergio Toro Maureira se adjudican proyectos Fondecyt regulares

La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, dio a conocer los proyectos adjudicados al Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt) Regulares, donde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción se adjudicó tres proyectos. La académica Amaya Alvez Marín, y los docentes Gonzalo Cortez Matcovich y Sergio Toro Maureira, resultaron ganadores en esta versión 2021.
"El Derecho Internacional contra los Pueblos Indígenas", es el nombre de proyecto que lidera la Dra. Amaya Álvez Marín y que obtuvo el tercer lugar a nivel nacional con un puntaje de 4,675. Su proyecto fue evaluado en el Grupo de Evaluación de Ciencias Jurídicas y Políticas, área de Ciencia. En este Grupo concursaron 112 propuestas.


“Se realizará cómo una investigación en perspectiva histórica de cómo el Derecho Internacional ha regulado a los Pueblos Originarios”, indicó la profesora del Departamento de Derecho Público de nuestra Facultad e investigadora principal de proyecto. El coinvestigador es el Dr. Arnulf Becker Lorca, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.


El plan de trabajo está diseñado para llevarse a cabo en tres años, en cada uno se tiene contemplado una revisión profunda de la bibliografía, la redacción de artículos y la difusión de este material a través de las presentaciones de avances en instituciones de prestigio chilenas, norteamericanas, canadienses y de Europa. Lo anterior se traduce en un trascendental impacto de la investigación y la viabilidad del proyecto que intenta aportar al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en la Convención Constitucional.


El proyecto del Dr. Gonzalo Cortez Matcovich, en tanto, se denomina "La litispendencia en el proceso civil chileno: una propuesta integradora", la que propone desarrollar un estudio unitario de la litispendencia y sus efectos en el proceso civil chileno. El Director del Departamento de Derecho Procesal señaló que “se pretende demostrar que la litispendencia, además de tener fundamento constitucional al vincularse con el derecho a la tutela judicial, es un fenómeno jurídico de carácter global que tiene múltiples repercusiones en diferentes ámbitos del proceso civil, para lo cual se identificará un conjunto de instituciones cuya razón de ser se apoya en la existencia del estado de litispendencia”, destacó el experto procesalista.


La doctrina nacional mayoritaria, con algunas notables excepciones, utiliza la noción restringida de la litispendencia, esto es, reduciendo su estudio al examen de la excepción dilatoria del mismo nombre, sin hacer referencia a la institución como un efecto general de la pendencia del juicio. Agregó el profesor Cortez que “en un momento en que se discute una transformación de nuestro sistema de enjuiciamiento civil, se aspira a que los resultados de la investigación puedan constituir un insumo para la discusión legislativa”.


Por último, el trabajo del Dr. Sergio Toro Maureira “Ambiciones, conexiones y recursos: El camino de los Senadores para adquirir influencia y autonomía política en las decisiones nacionales”. La investigación – que contará con la participación de Juan Carlos Arellano y Alejandro Olviares, ambos profesores de la Universidad Católica de Temuco- nace por la necesidad de profundizar en el estudio del Senado, pues no existen trabajos que observen los patrones de conducta de los miembros en función de las ambiciones y objetivos de su carrera.


El estudio tendrá como supuesto que, debido al diseño institucional presidencialista del país, los senadores chilenos construyen su camino político para influir individualmente sobre las decisiones del ejecutivo. A través de ello, el docente plantea como hipótesis principal que “un senador consigue influencia individual sobre las decisiones del ejecutivo, en la medida que logre articular tres condiciones básicas: a) una mayor conexión electoral y control sobre las dinámicas políticas de su circunscripción, b) una mejor capacidad para articular acuerdos dentro del Congreso y c) el desarrollo de vínculos durables con ministros clave y otros miembros del ejecutivo”, argumentó el docente del Departamento de Administración pública y Ciencia Política.


Cabe destacar, que el proyecto estará vigente del 2021 al 2025. “Se espera desarrollar un proyecto de 4 años, precisamente para abarcar el antes y el después de los ciclos electorales en Chile”, finalizó.

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