Dos equipos de la Clínica Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán, han asumido recientemente la representación de casos emblemáticos en materia de protección al consumidor. Estas acciones reafirman el compromiso de la Universidad con la responsabilidad social universitaria y el acceso efectivo a la justicia para personas en contextos de vulnerabilidad.
En el primer caso, las estudiantes Catalina Castillo Jara y Tamara Escobar Osorio, bajo el patrocinio de la abogada Natalia Reyes Lobos, interpusieron una denuncia infraccional contra una universidad privada que cobró a una estudiante un monto no pactado tras su retiro anticipado por razones de salud. La acción se fundamenta en la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores y pone en discusión la transparencia de los contratos de adhesión y el deber de información en el ámbito educacional.
El segundo caso fue liderado por las estudiantes Tamara Jiménez Rubilar y Ayllen Riquelme Orellana, también con el patrocinio de la abogada Reyes Lobos. La demanda, presentada ante el Segundo Juzgado de Policía Local de Chillán, acusa a una inmobiliaria de imponer cláusulas abusivas en un contrato de promesa de compraventa en modalidad de venta en verde. La consumidora afectada perdió 167 UF tras no concretar el crédito hipotecario necesario, pese a haber informado oportunamente la situación.
Ambas acciones impulsadas desde la Clínica Jurídica UdeC Chillán subrayan el importante rol que cumplen estos espacios universitarios en la defensa de los derechos ciudadanos y en la formación ética y profesional del estudiantado. Al mismo tiempo, contribuyen a visibilizar prácticas contractuales que afectan de forma especialmente gravosa a consumidores en contextos de desventaja, consolidando el quehacer académico como una herramienta al servicio de la comunidad.
